Arabako Aralar


Del keynesianismo de la gestión de lo público a la gestión privada de los servicios públicos.
May 3, 2010, 9:20 am
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Alex Larragoiti eta Igor Lopez de Munainen Iritzi Artikulua:

Nos vamos acercando ya al centenario de las teorías del keynesianismo político y social, la “socialdemocracia” revindicaba por aquellas fechas que las instituciones fuesen el actor principal dentro de la gestión de los recursos públicos. Si bien esas teorías no llegaban a la máxima social ni garantista que partididos de izquierdas comunistas reclamaban , si que, por otra parte, estructuraban y reglamentaban en un mínimo, la responsabilidad de los gestores públicos y de las propias administraciones, tanto a nivel de “estimulación” económica, actuando sobre la demanda, como a nivel de la gestión de lo público, con el papel decisivo de la política fiscal y de la autoridad de las Instituciones políticas.

Los años han pasado, pero como suele pasar en política y sobre todo en los espacios intermedios entre la política y los intereses económicos son estos últimos los que superan a los intereses de los ciudadanos.

Ciertos políticos y partidos políticos enraizados en la lógica neoliberal postkeynesiana se han encargado de satanizar la gestión pública, para ello utilizan por un lado los errores intrínsicos de la burocratización desmedida y artifical, cuyos mayores interesados han sido los partidos políticos, con el único fin de controlar las áreas de acción pública y crear redes clientelares dentro de las administraciones públicas.

Y por otro lado la populista razón de la desmedida presión fiscal que soportamos los y las ciudadanas para sostener todo ese “monstruo”.

La burocratización ineficaz por un lado, es un mal provocado en muchos de los casos por aquellos mismos que ahora critican la ineficacia e ineficiencia de las administraciones para gestionar cualquier tipo de servicio público, por ello nos venden la idea de formulas mixtas de gestión o directamente nos imponen las privatizaciones, lo que conlleva directamente que el empleo público se convierta cada vez más en un servicio de menor calidad, por falta de responsabilidad sobre el fin último del trabajo de cada uno de los responsables funcionarios.

La responsabilidad de la incapacidad debemos achacarla a dos sujetos, por un lado a la mala gestión de los políticos que han gobernado y por otra a las políticas de contratación pública, dirigidas hacia el clientelismo y hacia la búsqueda de un trabajo estable y fijo, en el que no existen objetivos y ni tan siquiera existe una responsabilidad sobre el fin último del trabajo que se realiza, ya que, como todos sabemos, la rescisión de un contrato a un funcionario es más difícil de ver que el cometa Halley.

Al igual que en el resto de los países, salvo en contados e ilustres ejemplos, todos los países garantistas continúan su travesía hacia la eliminación de dicho modelo mínimo. En Euskal Herria también.

La falta de un marco único institucional es un problema grave para nuestro pueblo, los diferentes marcos políticos reproducen uno a uno dicho declive social y político. Lo cual a la postre es más preocupante, ya que, imposibilita la acción unitaria sobre el problema en su conjunto.

Todas las administraciones del mundo al igual que en Euskal Herria, llevan años utilizando las zonas oscuras de la gestión para ir deslegitimando y des-empoderando a la propia administración, consiguiendo, a su vez, que la supuesta externalización se convierta realmente en una subcontratación, y por ello arrastrando con ella, todas las consecuencias de la misma, trabajo precario, malos salarios, inseguridad, estress entre otras, a los servicios públicos “mal vendidos” a la gestión de empresas privadas.

La subcontratación crea un Estado paralelo que gestiona en base a intereses económicos los recursos públicos y además las concesiones se realizan por periodos de años extremadamente largos, lo cual hace suponer a su vez, que detrás de dichas empresas se escondan más de un interés lucrativo de las propias personas que subcontratan bajo el pseudonombre de la externalización.

No nos sorprende, como cada vez más, conocemos nombres de empresas que se encuentran vinculadas a unos u a otros partidos políticos y que casualmente son éstas, las que se llevan dichas concesiones bajo unos contratos que secuestran la propia gestión de la Adminsitración. Si la separación entre lo público y lo privado comienza a ser muy débil es por culpa de la frágil legislación que existe ante dichos casos, no se puede admitir que ciertas personas “cercanas” a unos u otros partidos, sean administradores únicos o en cualquiera de sus variantes de varias empresas, que casualmente trabajan casi únicamente en temas relacionados con concursos públicos.

La separación de intereses debe ser clara, de lo contrario, la política es una herramienta de enriquecimiento personal, pero no una herramienta de servicio público, si mantenemos en Euskal Herria esta dinámica vamos definitivamente hacia ejemplos como el de Italia, democracia que se dinamitó desde dentro, por entre otras cosas ésto que venimos denunciando en éste articulo.

La solución parece que es bastante clara, los responsables políticos deben definir una serie de líneas de incompatibilidades más severas que las actuales, deben a su vez realizar un plan que pase por aumentar la transparencia institucional eliminando para ello los ángulos muertos que permiten casos de corrupción tanto alegales como profundamente ilegales.

Por ello es importante que se materialicen herramientas de control y de vigilancia “independientes” del poder político y de los partidos dentro de las instituciones, la persona que debería liderar este cambio es el responsable último de la institución, ya que en última instancia él o ella a su vez deberían rendir cuentas por consentir dichas actuaciones en su Gobierno, y por último se debería castigar de forma más severa todo caso de corrupción, por una razón muy simple, porque el corrupto atenta contra el conjunto de la ciudadanía y no solo hace mal uso de su poder, el concepto es sustancialmente diferente y las consecuencias también deberían serlo.

Esto a nivel representativo, a nivel interno de las instituciones se debe reformular la propia administración primero desde dentro, eliminar el carácter permanente de todo puesto, eliminar puestos que permitan enchufismos, definir por otra parte claramente cual es la situación inicial en la que actualmente nos encontramos, posteriormente definir cuales son las necesidades de los trabajadores públicos y de los subcontratados para introducirlos en el organigrama, equiparándolos a los demás compañeros y compañeras y desde ahí que cada departamento “aprenda” a gestionar los recursos de forma eficiente introduciendo para ello elementos claves de gestión, porque en contra de la opinión generalizada de ciertos políticos, los recursos de los ciudadanos y su paciencia si son finitos y esa fecha se acerca cada vez más.

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